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En términos generales, pueden acceder a estos incentivos las personas naturales o jurídicas que sean titulares de nuevas inversiones en nuevos proyectos de fuentes no convencionales de energía (FNCE) y medición y evaluación de los potenciales recursos o acciones y medidas de eficiencia energética, incluyendo los equipos de medición inteligente, en el marco del Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convencionales (Proure).

El Acuerdo 009 de 2024 establece los lineamientos generales para la aplicación del artículo 48 de la Ley 160 de 1994, con el objetivo de brindar claridad y garantizar la seguridad jurídica en lo referente a la propiedad privada en el ámbito rural en Colombia. Para ello, se establecen varios puntos importantes que deben ser tenidos en cuenta por las autoridades administrativas en sus funciones.

En el tejido cultural y espiritual de los pueblos indígenas de Colombia, se entrelazan conceptos fundamentales que definen su relación con el territorio y su participación en decisiones que afectan su entorno. En este blog, exploraremos el significado de la Línea Negra, la importancia de la consulta previa y los derechos de estas comunidades sobre su territorio ancestral.

Esta Resolución realizó cuatro (4) modificaciones e incorporó tres (3) disposiciones nuevas a la normatividad que reglamenta los lineamientos sobre FPO y garantías a los proyectos eléctricos.
Entre las normas modificadas, están el numeral 7 del artículo 4 de la Resolución 40311 de 2020 del MME; el artículo 36 de la Resolución 40590 de 2019, adicionado por el artículo 1 de la Resolución 40345 de 2021 del MME;

En el ámbito del aprovechamiento forestal en Colombia, la búsqueda de claridad en los procedimientos es crucial para garantizar una gestión ambientalmente responsable y legalmente sólida. Uno de los puntos que requiere especial atención es el FORMATO ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL – FUN, específicamente en lo referente al requisito de la autorización del “PROPIETARIO”.

Tal como fue establecido con anterioridad las Comunidades Energéticas (CE) en Colombia podrán ser constituidas por personas naturales, y/o jurídicas de derecho público o privado que cooperarán entre sí para a través de un contrato o convenio asociativo.
A su vez, las personas que se unan para constituir una comunidades energética, podrán conformar asociaciones y alianzas. En virtud de las asociaciones, dos o más CE podrán asociarse a través de un acuerdo para cooperar en proyectos objeto de la CE.

A continuación compartimos nuestra guía anual de obligaciones corporativas para el año 2024, donde reunimos las principales obligaciones de las empresas y las fechas límite para su cumplimiento.

En el ámbito empresarial y financiero, es crucial comprender las regulaciones que rigen las transacciones entre sociedades matrices y sus sucursales extranjeras. Recientemente, ha surgido un debate sobre la viabilidad de celebrar contratos de mutuo entre una sociedad colombiana en calidad de matriz y su sucursal en el extranjero. En este blog, exploraremos las limitaciones legales que rodean este tipo de operaciones.

La energía eólica offshore o costa afuera se obtiene al aprovechar la fuerza del viento que se produce en alta mar, donde este alcanza una velocidad mayor y más constante debido a la inexistencia de barreras que usualmente se encuentran en tierra.
Colombia cuenta con un gran potencial al estar bordeado por dos océanos y tiene abundantes recursos eólicos, en particular cuenta con un potencial total estimado de 109 GW de energía eólica costa afuera.

Colombia acorde al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, ha dado un paso hacia la sostenibilidad energética con la promulgación de la Ley 2294 de 2023 en la cual se destaca el artículo 235, que introduce la figura de las “Comunidades Energéticas”. Estas comunidades representan un cambio radical en la forma en que se genera, comercializa y utiliza la energía, priorizando las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.

Como hemos escrito previamente en el blog de Estudio Legal Hernández (ELH), la actividad de autogeneración en Colombia, entendida como la producción de energía por parte de un usuario principalmente para atender sus propias necesidades, está reglamentada a partir de la definición contenida en la Ley 1715…

En el marco de la legislación colombiana, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios se encuentran sujetas a diversas obligaciones legales. Una de estas principales obligaciones es la presentación de actas de asambleas y estados financieros ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).

En el ámbito empresarial, el correcto registro de los libros de actas de asamblea es un paso crucial para garantizar la validez y la eficacia de los documentos que respaldan las decisiones tomadas por los órganos colegiados de dirección, administración y control de una sociedad.

Las regulaciones que rigen el sector eléctrico son esenciales para garantizar un funcionamiento eficiente y equitativo en la prestación del servicio público de energía eléctrica.

En la dinámica energética colombiana, la figura del productor marginal y la actividad de autogeneración desempeñan un papel fundamental en la generación y consumo de energía. A través de este artículo, exploraremos en detalle…